El autor propone un análisis comparativo al respecto de cómo se contempla el “derecho a la cultura” en diferentes constituciones. Para ello, presenta una definición del concepto derecho a la cultura, analiza los contenidos que se refieren en diversas constituciones y demuestra que se ha puesto un énfasis en la protección del derecho a la cultura.

La columna formula un argumento en contra de la tesis de que los bienes culturales deben ser comprendidos como “bienes privados”, sometidos a “lógicas de producción, consumo y competencia” propias del mercado. Según dicha hipótesis, aun cuando el Estado “subsidiara a las ciencias”, su “producción y distribución debiera realizarse utilizando principalmente el mercado”. Los argumentos exponen dos consideraciones para sostener su tesis: (i) los bienes culturales poseen características específicas que los distinguen de los “bienes de mercado” en el sentido que posee esta expresión en economía; y (ii) las condiciones de trabajo de los trabajadores de las artes en el marco de una economía de mercado como la chilena.

El informe presenta los lineamientos establecidos entre el 2005 y el 2010 con respecto a la función de la cultura y las artes y la gestión realizada por las instituciones a cargo de ese fomento. Es un interesante antecedente para pensar en como se ha proyectado históricamente este valor, comprendiendo los proyectos e imaginarios que se desarrollaron desde la institución.

La revista revisa las políticas culturales que se instalaron desde el retorno a la democracia, poniendo énfasis en los dispositivos políticos que manifiestan que, desde la creación del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes no solo se establecieron planes y programas orientados específicamente al aumento del acceso —lógicas actualizadas de la “democratización cultural”—, sino también se dio paso a la gestación de nuevos trazados simbólicos de la sociedad chilena. Durante estos años las políticas culturales se inscribieron en una disputa cada vez más compleja con otros entramados sociales (economía, política, educación, memoria, turismo, etc.), agregándole nuevos ribetes a su diseño, implementación y discusión.

El artículo plantea como hipótesis de trabajo que el contexto social determina los énfasis de las distintas propuestas de institucionalidad para el ámbito cultural. Para demostrarlo, la autora analiza tres propuestas de institucionalidad cultural, en tres temáticas distintas: la participación, la descentralización y la diversidad cultural.

La Política nacional de cultura 2017-2022 contiene los principales lineamientos para la gestión del incipiente Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP), con un énfasis particular en la noción de ciudadanía cultural como categoría central para la “protección e incremento del patrimonio cultural de la nación” (Artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República de Chile). A lo largo de las secciones destacadas en esta reseña, se presentan y describen las principales normas que rigen la institucionalidad cultural en Chile, incluyendo tratados y convenciones internacionales que el Estado chileno ha suscrito; los ejes y lineamientos que rigen al MINCAP en el período 2017-2022; y las políticas para el reconocimiento de la “ciudadanía cultural”.

Bajo la premisa de que la cultura y las artes deben ser un derecho en Chile, nace el Plan Nacional de Educación Artística 2015-2018 que encabeza el Consejo de la Cultura en conjunto con el Ministerio de Educación, con el objetivo de acercar las artes y la cultura tanto al sistema formal de educación como a otros espacios culturales que son en efecto, decisivos en la nivelación del capital cultural de nuestros niños, niñas y jóvenes. Como parte de esta política se puso a disposición de establecimientos educacionales, centros culturales y de formación, una serie de cinco cuadernos que contribuyen a una educación que sea un aporte al desarrollo integral de las personas; que promueva el disfrute de las artes y la cultura; que contribuya a la formación de ciudadanos y ciudadanas sensibles a la realidad que les rodea, que respeten e integren la diversidad, con capacidades para establecer relaciones democráticas y participativas

Pese a que el Estado chileno viene desarrollando una nutrida actividad en el campo cultural desde los orígenes de la República, la creación en 2003 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes no ha supuesto necesariamente un desarrollo formal de políticas públicas en cultura (public policies in culture), especialmente porque estas decisiones legislativas, financieras y administrativas que el Estado realiza en el campo cultural no son sujetas a mecanismos conocidos de evaluación ni accountability. Cuando mucho lo que han hecho algunos gobiernos es presentar episódicos balances de la acción cultural que realizan con cargo al erario público. El ensayo aporta una propuesta de periodización de la evolución de la acción pública del Estado chileno en cultura, explorando algunas razones por las que no se ha avanzado en una conceptualización más moderna de las políticas culturales.

El informe recopila los resultados de una “radiografía” al sector cultural de Chile, realizada en el marco del Proyecto Trama. Específicamente, el informe obtuvo información de trabajadores culturales provenientes de las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Maule y Metropolitana. En el marco de la caracterización del sector cultural en Chile, el informe presenta los principales organismos que componían la institucionalidad cultural de Chile con anterioridad a la existencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP). D

El documento Política Cultural 2011-2016 plasma el resultado de un proceso participativo, reflexivo y eminentemente inclusivo, inspirado en las dinámicas transversales, representativas, descentralizadas y pluralistas que representan el espíritu del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de nuestra administración.

Lectura que aborda los inicios de la gestión cultural en Chile a principios de los años 1980, manifestándose de una manera tímida y sumamente restringida debido a la censura existente en un espacio político poco favorable para el desarrollo de las manifestaciones artísticas. Entre el 90 y fines de la primera década del presente siglo, es un lapso que coincide además con el extenso gobierno de la coalición política que derrotó al general Augusto Pinochet en las urnas, favoreciendo desde el estado y sus órganos de intervención, una mirada más atenta de las distintas modalidades que asumen las prácticas artísticas y culturales desde la perspectiva de la demanda. Todas estas acciones se tradujeron en mejoras en materia de cultura ya que la inversión pública en cultura incrementó.